
La Corte Suprema de los Estados Unidos se encuentra en la fase de análisis de un caso que podría tener profundas implicaciones para el derecho a portar armas en todo el país. Los magistrados están considerando si el gobierno federal tiene la autoridad para prohibir que las personas que consumen drogas ilegales posean un arma de fuego, un asunto que está íntimamente relacionado con la interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución.
El profesor de ciencia política de EPCC, Sergio Sáenz Rivera, señala que la Segunda Enmienda ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia.
“La Segunda Enmienda, en resumen, otorga a las personas el derecho a poseer armas, pero su redacción es problemática y gramaticalmente ambigua en inglés. Por esta razón, ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo del tiempo”, explicó.
Desde 1968, la legislación federal prohíbe que cualquier individuo que sea usuario ilegal de sustancias controladas posea un arma de fuego. Sin embargo, la constitucionalidad de esta restricción ha sido cuestionada en los tribunales en los últimos años.
El caso que actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema proviene de Texas y se centra en un hombre de 28 años llamado Ali Hemani, quien admitió consumir marihuana varias veces a la semana. Tras un registro en su vivienda, los agentes federales descubrieron alrededor de 60 gramos de marihuana y una pistola Glock de 9 milímetros.
Los magistrados ahora deberán evaluar la ley utilizando un criterio recientemente establecido por el propio tribunal, que requiere que las restricciones sobre las armas sean coherentes con la tradición histórica de regulación en Estados Unidos.
Sáenz Rivera explica que, aunque la Corte Suprema reconoció hace más de diez años que portar armas es un derecho individual, esto no implica que sea un derecho absoluto.
“Alrededor de 2010, la Corte Suprema aclaró que portar armas es un derecho individual. Sin embargo, la Segunda Enmienda también contempla la posibilidad de regular el uso de armas. Es decir, la portación de armas no es un derecho sin restricciones”, comentó.
El debate sobre esta legislación también ha estado presente en otros casos recientes. Por ejemplo, Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, enfrentó cargos bajo esta misma normativa antes de recibir un perdón presidencial.
Según Sáenz Rivera, este caso también suscita una discusión más amplia sobre los derechos individuales.
“Estar bajo los efectos de drogas no te convierte en una persona peligrosa. Al final, la pregunta es: ¿es más importante el derecho a portar armas, garantizado por la Segunda Enmienda, o el hecho de que una persona use drogas de manera recreativa?”, se cuestionó.
Se anticipa que la Corte Suprema revelará su decisión hacia finales de junio o principios de julio. Los magistrados podrían optar por mantener la ley en vigor, declarar la prohibición inconstitucional, o ajustar su interpretación, limitando su aplicación a casos o circunstancias específicas.
Fuente original: Noticias El Paso
Por Jacqueline Mata
7 Mar, 2026









