ALBUQUERQUE, Nuevo México — Un detallado informe estatal ha revelado una profunda crisis en el sistema de bienestar infantil de Nuevo México, con serias fallas que comprometen la seguridad de los menores.
La investigación realizada por el Departamento de Justicia de Nuevo México ha desvelado problemas sistémicos en el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (CYFD), culminando en una demanda encabezada por el Fiscal General Raúl Torrez.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal general subrayó la gravedad de la situación:
“No podemos tolerar que quienes denuncian malas prácticas gubernamentales sean castigados, especialmente cuando estas prácticas resultan en la muerte de niños; y más importante aún, esto no corresponde a la ley en Nuevo México.”
La investigación, que comenzó en abril de 2025, concluye que la agencia priorizó la reunificación familiar incluso cuando la seguridad de los niños estaba en peligro.
El documento de más de 220 páginas destaca serios problemas de liderazgo, errores en investigaciones de abuso y negligencia, y al menos siete casos de menores que perdieron la vida durante el periodo examinado.
Uno de estos trágicos casos es el de Nicholas, un bebé de solo cinco meses que murió por abuso y negligencia médica, sin la intervención oportuna de CYFD.
Además, el reporte revela que más de mil recién nacidos expuestos a drogas cada año corren peligro debido a la ineficaz aplicación de las leyes estatales.
Líderes estatales han respondido ante esta alarmante revelación. La senadora Crystal Brantly declaró:
“Este informe es un doloroso recordatorio, ya que se trata de vidas perdidas: niños devueltos a hogares inseguros, olvidados sin seguimiento durante meses, viviendo en circunstancias indignas y decepcionados por una agencia que puso su reputación sobre sus vidas… Como madre y legisladora, esto es intolerable. Tenemos las herramientas para mejorar, pero hemos fallado repetidamente en usarlas.”
El Departamento de Justicia también alega que CYFD obstaculizó la investigación al restringir el acceso a información crítica, pese al compromiso público de la gobernadora de cooperar.
Según el informe, la gobernadora Michelle Lujan Grisham subrayó que el fiscal general tiene autoridad para investigar cualquier agencia estatal y que su administración está colaborando con las peticiones informativas.
No obstante, el documento afirma que el uso excesivo de leyes de confidencialidad se habría usado para evitar la transparencia, mientras empleados y familias reportan temores a represalias.
El fiscal general reiteró que la demanda pretende responsabilizar a la agencia y fomentar cambios estructurales significativos en el sistema.
Fuente original: Noticias New Mexico
Por Barbara Ramirez
8 Apr, 2026
