El alcalde de Coachella, Steven Hernández, regresó hoy a los tribunales para enfrentar múltiples cargos penales que podrían afectar su carrera política y el funcionamiento de la administración local.
La audiencia judicial se llevó a cabo en el Larson Justice Center, en la ciudad de Indio. Hernández, de 42 años, enfrenta un total de nueve cargos penales: un delito grave por conflicto de intereses y ocho delitos graves relacionados con perjurio.
De acuerdo con los documentos judiciales, los cargos están vinculados a los votos que recibió cuando fue electo, así como a su participación en la promoción de proyectos de desarrollo en el centro de Coachella. También se le acusa de inconsistencias en la información reportada en sus formularios de divulgación financiera.
Durante la audiencia, el abogado defensor, Alexander Lauder, solicitó aplazar la vista previa al juicio. El juez aceptó la petición y reprogramó la audiencia para el 24 de marzo. Tras la comparecencia, Lauder se negó a hacer comentarios ante la prensa.
Desde su detención en 2025, Hernández ha realizado pocas apariciones públicas. Entre ellas destaca su asistencia a algunas reuniones del ayuntamiento, incluida aquella en la que se nombró como alcalde en funciones a Frank Figueroa.
Hasta el momento, ni Hernández ni el Ayuntamiento de Coachella han emitido declaraciones públicas sobre el avance de la investigación desde su última comparecencia judicial.
En caso de ser declarado culpable de todos los cargos, Hernández podría perder su capacidad para ocupar cargos públicos y enfrentar una posible pena de prisión.
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