CHIHUAHUA, México – El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, vuelve a estar en el centro de atención judicial en México, ahora enfrentando un nuevo proceso federal que agrega presión a su ya complicado historial legal. Duarte fue detenido el 8 de diciembre en la capital del estado después de que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutara una orden de aprehensión federal basada en acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, un cargo diferente al que motivó su extradición desde Estados Unidos en 2022. La FGR confirmó que esta acción legal se deriva de una orden dictada en mayo de 2024, pero que se llevó a cabo recientemente tras obtener la autorización para juzgarlo por un nuevo delito.
La nueva acusación federal se fundamenta en presuntos actos relacionados con lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad federal, había explicado previamente que los delitos incluidos son específicamente “lavado de dinero o desvío de recursos”. El gobierno federal sostiene que esta imputación se basa en nuevas facultades otorgadas a la Fiscalía mexicana tras consultas diplomáticas vinculadas al proceso de extradición.
Antes de su reciente detención, Duarte ya había estado bajo arresto en territorio estadounidense, habiendo sido capturado inicialmente en Miami en 2020 y luego extraditado a México en 2022 para enfrentar cargos estatales por peculado y asociación delictuosa. Desde entonces, ha tenido que lidiar con una serie de procesos judiciales y administrativos, y su equipo legal asegura que ha cerrado 20 de las 21 causas penales en su contra en Chihuahua, además de varios procedimientos administrativos.
A pesar de estos avances, Duarte sigue bajo investigación estatal, y la nueva acusación federal añade una compleja capa procesal. “Todavía está enfrentando un proceso penal por peculado y asociación delictuosa aquí en el estado de Chihuahua”, aseguró su abogado, Juan Carlos Mendoza, quien actúa como el principal portavoz jurídico del exmandatario en este caso.
La defensa de Duarte argumenta que las acciones de la Fiscalía infringen la regla de especialidad en materia de extradición, que establece que una persona extraditada solo puede ser juzgada por los cargos aceptados por el país que concedió su traslado. “No tiene sentido, porque si no se demuestra la primera acusación, no se pueden presentar nuevas”, comentó Mendoza, enfatizando que no se pueden llevar a cabo investigaciones adicionales sin resolver las acusaciones originales.
La llegada de Ernestina Godoy a la titularidad de la Fiscalía General marcó un cambio importante en el rumbo procesal de este caso. Tras asumir su puesto, la FGR obtuvo autorización para iniciar este proceso federal y ejecutar la más reciente orden. Según la defensa, esto representa un riesgo de doble juicio, ya que argumentan que los hechos en cuestión ya han sido revisados anteriormente. “El juez de control indica que debería existir la necesidad de detenerlo para obtener el permiso de hacerlo, lo cual es una total barbaridad”, sostuvo el abogado, fortaleciendo su interpretación legal.
Su equipo legal también añade que la imputación equivale a reabrir casos que ya han sido resueltos o que están prácticamente cerrados. Además, afirman que no existe riesgo de fuga, dado que su cliente siempre se ha presentado de manera voluntaria ante las autoridades. Con determinación, el defensor anticipó que Duarte se declarará “completamente y sin ninguna duda” inocente.
Mientras avanza el expediente, Duarte permanece detenido en el penal federal de El Altiplano, una de las prisiones de máxima seguridad del país. Su defensa buscará que el exmandatario enfrente el proceso en libertad, alegando también que sufre de condiciones médicas complicadas, con antecedentes de problemas cardíacos y cirugías recientes.
En la antesala de nuevas audiencias, el equipo legal reiteró que el proceso no debe convertirse en un caso politizado. “No deberíamos ver a las personas como un botín político, sino que debemos resolver todas las situaciones donde hay injusticia, porque donde no hay justicia, no hay paz”, afirmó Mendoza, señalando que el caso de Duarte representa un desafío para los principios judiciales que, según ellos, deberían prevalecer en el país.
Fuente original: Noticias El Paso
Por Miguel Contreras
9 Dec, 2025
